miércoles, 5 de junio de 2013

Vivir del muerto


La casi totalidad de las negligencias administrativas cuyo responsable es directa o indirectamente el Estado, suelen acabar con una indemnización económica en ocasiones muy importante cuyo importe permite –quizás- vivir holgadamente a los familiares que han sufrido (por razones anímicas y familiares) las consecuencias de la negligencia.

Dejando a un lado el drama producido, y separando aquellos casos en los cuales la consecuencia de la negligencia no es definitiva, habitualmente las victimas y sus familiares suelen apelar a que “no reclaman por el dinero, sino para que no se repita”. Hasta es posible que muchos de los que echan mano de esa frase lo hagan desde el deseo y el sentimiento, pero la frase puede volverse contra ellos.

Tomemos como ejemplo una negligencia médica que finaliza con un fallecimiento. Lógicamente los culpables de la misma deben tener su penitencia y en ocasiones, incluso, separarles definitivamente o transitoriamente de situaciones que puedan volver a provocarla. Pero si lógicamente intentamos aplicar la frase “para que no vuelva a ocurrir”, quizás fuese muy normal que el dinero, en vez de ir a los herederos del fallecido (salvo que la actividad de éste fuese básica para la vida de aquel o aquellos), debería ir al sector y al proceso que finalizó teniendo la negligencia. Me explico. Si el problema se produjo –por ejemplo- como consecuencia de un error médico (actuación inadecuada, insuficiencia de elementos clínicos, etc), habría que contratar a personas que intervinieran previamente en la decisión, aplicar análisis suficientes y adecuados para tener mas elementos de juicio, etc. Pero no, el dinero va a herederos  a los cuales posiblemente en ocasiones, les importaba un rábano el muerto. Con ello lo que se compra es el silencio aunque sería muy conveniente conocer la opinión del que sufrió la negligencia, cuestión que, al menos de momento, no posible.

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