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| Borregos en feria |
En alguna otra ocasión, en este mismo lugar de libertad, comenté que después de haber leído el famoso pacto antitransfuguismo, firmado por todos los partidos, llegué a la conclusión de que no era más que una patente de corso para mantener el estatus de los partidos políticos, su altísima cuota de poder, y también la de anulación –o control- de derechos individuales y democráticos. Y llegué a la conclusión de que, con esos pilares, el pacto nunca se convertiría en Ley, precisamente por tener múltiples elementos contrarios a la ley. Y así ha sido. Por mucho que algunos partidos hayan amagado en varias ocasiones con intentar darle formato legal.
Y es que en los casos que ellos mismos titulan como tránsfugas, existen multitud de variables y situaciones, que impiden –aunque ellos lo intentan- dar legalmente el mismo tratamiento a situaciones muy diferentes. Existe el tránsfuga interesado y egoísta, al igual que algunos miembros de los partidos. Pero también existe el rebelde, el que no está de acuerdo con que le cambien sobre la marcha el reglamento, el que asume que su compromiso se debe a un programa y unos ciudadanos, no un partido. Lo peor es que los medios de comunicación generalmente hacen suyos los argumentos de los que son jueces y parte: de los partidos y de sus órganos teóricamente democráticos (aunque siempre democráticos orgánicos)
Ahora, con las connotaciones de lo ocurrido en Benidorm, se ha destapado de manera total, la ineficacia del pacto. Algunos han visto, por primera vez, que la palabra tránsfuga no es aplicable en muchas situaciones, porque las mismas han sido provocadas por la rigidez e intereses (muchas veces inconfesables) de los partidos cuyas decisiones se han llevado por delante a muchas personas válidas, siendo en ocasiones tremendamente injustas, indefendibles desde el análisis de los programas que defienden (y por los que se han comprometido) esas personas. Por ello pienso que cualquier programa electoral debe vincularse notarial y legalmente a las personas que los firman y presentan, de manera que, si no lo cumplen o hacen cosas no recogidas en dichos programas, o bien se les demande, o vuelvan a someterse a la voz ciudadana. Y en muchísimas ocasiones la condición de tránsfuga es originada por criterios genéricos de iluminados a los cuales les trae sin cuidado el valor del compromiso, el de la palabra, y lo que es peor, las necesidades de los ciudadanos. Simplemente se mueven por principios e intereses particulares, haciendo referencia a situaciones tales como “su cargo se lo debe al partido””los ciudadanos no le han votado a él, sino al partido””el proyecto que defiende no es el que motivó su elección”, etc, etc. No estaríamos hablando de lo mismo si las listas electorales fuesen abiertas.
Precisamente el tema ha reventado de manera definitiva (creo) con el asunto de Benidorm. Claro que ahí hay apellidos importantes y, al parecer, la persona calificada como tránsfuga, tiene tirón electoral. Lo cual demuestra que el famoso pacto, no es apoyado por la ciudadanía.
Es una ocasión espléndida para mandar al carajo el Pacto. Pero a buen seguro que ninguno lo hará. Seguirán aplicándolo como les dé la gana en su propia casa, y al mismo tiempo denunciando que el vecino no lo aplica.
Si tienen tiempo y ganas, les sugiero que lo lean. No se les ocurra subrayar las veces que atenta contra derechos individuales. No tendrían suficiente tinta en el bolígrafo. Lean http://www.mpt.es/prensa/notas_de_prensa/notas/2004/11/2004-11-25/parrafo/0/document_es/CodigoContraTransfuguismo.pdf
