La casi totalidad de las
negligencias administrativas cuyo responsable es directa o indirectamente el
Estado, suelen acabar con una indemnización económica en ocasiones muy
importante cuyo importe permite –quizás- vivir holgadamente a los familiares
que han sufrido (por razones anímicas y familiares) las consecuencias de la
negligencia.
Dejando a un lado el drama
producido, y separando aquellos casos en los cuales la consecuencia de la
negligencia no es definitiva, habitualmente las victimas y sus familiares
suelen apelar a que “no reclaman por el dinero, sino para que no se repita”.
Hasta es posible que muchos de los que echan mano de esa frase lo hagan desde
el deseo y el sentimiento, pero la frase puede volverse contra ellos.
Tomemos como ejemplo una
negligencia médica que finaliza con un fallecimiento. Lógicamente los culpables
de la misma deben tener su penitencia y en ocasiones, incluso, separarles
definitivamente o transitoriamente de situaciones que puedan volver a
provocarla. Pero si lógicamente intentamos aplicar la frase “para que no vuelva
a ocurrir”, quizás fuese muy normal que el dinero, en vez de ir a los herederos
del fallecido (salvo que la actividad de éste fuese básica para la vida de
aquel o aquellos), debería ir al sector y al proceso que finalizó teniendo la
negligencia. Me explico. Si el problema se produjo –por ejemplo- como
consecuencia de un error médico (actuación inadecuada, insuficiencia de
elementos clínicos, etc), habría que contratar a personas que intervinieran
previamente en la decisión, aplicar análisis suficientes y adecuados para tener
mas elementos de juicio, etc. Pero no, el dinero va a herederos a los cuales posiblemente en ocasiones, les
importaba un rábano el muerto. Con ello lo que se compra es el silencio aunque
sería muy conveniente conocer la opinión del que sufrió la negligencia,
cuestión que, al menos de momento, no posible.
